Afectan a la seguridad, la salubridad y el normal funcionamiento del centro, según un documento técnico municipal

septiembre de 2026.– El Ayuntamiento de Alcorcón ha iniciado la tramitación de un contrato de obras para reparar las deficiencias existentes en la Escuela Infantil Gloria Fuertes, ubicada en la calle Islas Cíes, ante el deterioro acumulado del edificio y los problemas que afectan a su funcionamiento diario.

Según la memoria justificativa municipal, las deficiencias proceden en gran medida de actuaciones que no fueron subsanadas durante la anterior gestión del centro, lo que ha obligado al Consistorio a promover una intervención específica para restaurar las condiciones adecuadas de uso.

El propio Ayuntamiento advierte de la existencia de problemas de salubridad, estanqueidad y seguridad que afectan a aulas, patio y zonas comunes de la escuela infantil. Asimismo, señala la presencia de filtraciones y otras deficiencias constructivas que están generando incidencias en distintas dependencias del edificio y que pueden derivar en riesgos para la salud, un deterioro progresivo de las instalaciones y limitaciones en el uso normal del centro.

Según los técnicos municipales, estos problemas eran conocidos desde 2024.

La memoria reconoce expresamente que la situación actual “impide un normal funcionamiento” de la escuela y justifica la necesidad de acometer las reparaciones necesarias.

Roberto Marín Vergara, candidato a la Alcaldía de Alcorcón por el Partido Popular, ha señalado: “Lo preocupante no es solo el estado de la escuela, sino que el Ayuntamiento conocía estos problemas desde 2024 y ha dejado pasar el verano sin solucionarlos. Ahora el curso comienza con deficiencias que afectan a la seguridad, la salubridad y el funcionamiento del centro. Una vez más, el Gobierno de Candelaria Testa demuestra que está más preocupado por vender humo que por resolver los asuntos más sensibles, aquellos que afectan directamente a nuestros niños, a sus familias y al personal educativo”.

Las administraciones tienen la obligación legal de garantizar que los edificios públicos se mantengan en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y accesibilidad. De hecho, la propia memoria fundamenta la actuación en el deber de conservación previsto en la normativa urbanística y de rehabilitación.