Alcorcón, 5 junio 2026.- El Partido Popular de Alcorcón ha presentado una moción al próximo Pleno municipal en la que solicita que la Asamblea de Madrid inste a la Cámara de Cuentas a revisar el expediente de concesión del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) por serias dudas sobre la irregularidad del procedimiento.
El CREAA, la faraónica obra heredada del gobierno socialista de Enrique Cascallana y Natalia De Andrés, continúa sin actividad pese a los distintos bloqueos y a los intentos fallidos de los últimos años
Según el Grupo Municipal Popular, el proceso administrativo ha tenido varias fases. Primero se intentó una licitación pública que quedó desierta, para después iniciar un segundo procedimiento de adjudicación directa, que es una vía excepcional que solo puede usarse en casos muy concretos. Es en este punto donde el PP de Alcorcón plantea dudas sobre la correcta aplicación de la normativa.

La moción también señala que durante la tramitación del expediente se han producido distintos cambios y decisiones administrativas, como ampliaciones de plazos, subsanaciones de documentación y resoluciones sucesivas, lo que a juicio del Grupo Municipal Popular justifica una revisión externa.
Por ello, los Populares pide que el Ayuntamiento eleve esta solicitud a la Asamblea de Madrid y remita el acuerdo a los organismos competentes para su tramitación.
Así mismo, solicitan que el Ayuntamiento pida que la Asamblea de Madrid, ejerciendo su labor fiscalizadora, lo eleve a la Cámara de Cuentas de Madrid para que analice si el procedimiento de adjudicación directa seguido ha sido legal, si la concesión se ha tramitado correctamente y si las condiciones económicas, la duración del contrato y la elección de la empresa adjudicataria se ajustan a la normativa.
En declaraciones de Roberto Marín Vergara, portavoz del PP de Alcorcón: “El CREAA es probablemente el mayor símbolo del fracaso de la gestión socialista en Alcorcón. Ha supuesto una enorme carga económica para la ciudad, ha estado vinculado a decisiones que llevaron a los tribunales a dos exalcaldes socialistas y, más de quince años después, sigue sin prestar servicio a los vecinos. Precisamente por todo lo que representa, creemos que cualquier actuación relacionada con este complejo debe estar sometida al máximo nivel de control y fiscalización. Por eso pedimos que un órgano independiente como la Cámara de Cuentas revise el expediente y despeje cualquier duda sobre su tramitación.”

