Alcorcón, 25 Mayo 2026.- El Partido Popular de Alcorcón ha sido el único grupo político que ha rechazado la implantación de la Zona de Bajas Emisiones impulsada por el Gobierno de Candelaria Testa en la Comisión Plenaria de Transición Ecológica, frente al respaldo del resto de grupos, incluido VOX, que votó a favor de su dictamen positivo.
Todos los partidos políticos, incluido VOX, votan a favor de su instauración.
Desde el PP consideran que el modelo planteado es “desproporcionado, discriminatorio y profundamente perjudicial para vecinos, autónomos y pequeño comercio”, especialmente teniendo en cuenta que Alcorcón cumple ampliamente con los parámetros de calidad del aire exigidos por la normativa estatal.
El Grupo Municipal Popular denuncia además la enorme contradicción del proyecto: mientras las restricciones recaerán sobre prácticamente todos los barrios residenciales y el centro urbano, grandes áreas comerciales e industriales como Parque Oeste, Ventorro del Cano o los polígonos industriales quedan fuera del perímetro de afección.
Asimismo, se advierte de que esta ordenanza supone la antesala de la implantación del SER -Servicio de Estacionamiento Regulado- en Alcorcón, recordando que el propio texto contempla la futura regulación del estacionamiento y la división del municipio en 26 zonas susceptibles de restricciones y pago por aparcamiento.
En palabras del portavoz del Grupo Municipal Popular, Roberto Marín Vergara: “los vecinos ya conocen el ‘modus operandi’ de Candelaria Testa: primero se niegan las medidas, después se presentan como temporales o técnicas y finalmente se acaban imponiendo, como ocurrió con la tasa de basura o la subida del IBI. El modelo planteado es ‘injusto y profundamente desequilibrado’, ya que castiga al vecino que vive, trabaja o compra en los barrios de toda la vida. Y lo más preocupante es que Candelaria Testa está abriendo la puerta al servicio de estacionamiento regulado en Alcorcón, lo que supondría más carga económica para los vecinos.”
Por último, desde el Partido Popular exigen al Gobierno municipal que retire el actual modelo de Zona de Bajas Emisiones y abra un verdadero proceso de diálogo con vecinos, comerciantes y expertos, apostando por medidas ambientales “sensatas, proporcionadas y compatibles con la vida diaria y la actividad económica de la ciudad”
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