Tras la queja formulada por el Partido Popular de Alcorcón

4 de enero  de 2023.- El Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, tras una queja realizada por el Partido Popular ha hecho, unas serias recomendaciones a la Alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, condenada por quebrar la empresa pública de vivienda, para garantizar los derechos constitucionales de los alumnos de la ciudad.

El pasado 17 de junio, el Partido Popular de Alcorcón registró una queja ante el Defensor del Pueblo en relación a las subvenciones destinadas a las ayudas para el examen de EVAU, ya que, según los populares, las bases  conculcaban  el principio constitucional de “igualdad y no discriminación”, lesionando los derechos fundamentales de los centros educativos y derechos de los alumnos, pues  la subvención era, única y exclusivamente, para los alumnos matriculados en centros públicos de Alcorcón y, por lo tanto discriminaba al resto de alumnos que estudiaba en centros concertados, a pesar de cumplir todos los requisitos.

Para los populares no había justificación alguna al trato desigual y discriminatorio  a los alumnos de Alcorcón  que establecía Natalia de Andrés en las bases de la subvención, motivo inconstitucional que hicieron saber al Defensor del Pueblo para pedir amparo.

El Defensor, en su resolución de la queja de los populares, no se pronuncia “sobre la oportunidad de las decisiones de índole política que están en la base de la determinación de los criterios y requisitos que se contemplan en la línea de actuación 13 del Plan Estratégico de Subvenciones”, pero sí considera que “ esta institución debe expresar ciertas reservas en relación con el requisito de estar matriculado en centros educativos públicos, toda vez que pudiera llegar a suponer una quiebra del principio de igualdad circunscribir la participación en estas convocatorias a las familias de Alcorcón con hijos matriculados en institutos públicos, al dejar fuera a aquellos alumnos que han sido escolarizados por la administración educativa de oficio en un centro concertado, y no en el ejercicio de su derecho a la libre elección de centro, por no existir suficientes plazas en los institutos públicos del municipio”.

Añade el Defensor del Pueblo en su resolución que “ Sentado lo anterior, a criterio de esta institución, no parece suficientemente justificado que alumnos que cursan estudios en las reseñadas etapas educativas, y teniendo una misma situación económica y familiar o incluso alguno de ellos más desfavorecido, uno disponga de ayudas a la educación para hacer frente al pago de las tasas de EVAU por la sola circunstancia de hallarse en un centro público, y no el otro que, al no haber obtenido plaza en ningún instituto público, ha sido matriculado obligatoriamente en un centro concertado”  .

En su escrito el Defensor manifiesta que “Esta institución ha trasladado estas consideraciones al Ayuntamiento de Alcorcón por entender que su estudio resulta pertinente a efectos de la incorporación, en futuras convocatorias de las ayudas a que se viene haciendo referencia, de modificaciones dirigidas incluir a los alumnos matriculados de oficio en centros privados sostenidos con fondos públicos, tal y como imponen los objetivos constitucionalmente establecidos para el sistema de becas y ayudas al estudio”.

Para los populares, “Estas recomendaciones del Defensor del Pueblo al Ayuntamiento de Alcorcón ponen de relieve que el gobierno de Natalia de Andrés discriminó a una parte de los alumnos de Alcorcón a pesar de nuestras advertencias, y que vulneraron los principios de igualdad y no discriminación”.