El Gobierno de Natalia de Andrés ha vuelto a incumplir en el segundo trimestre de 2020 la Ley de Morosidad. A 30 de junio, el Ayuntamiento de Alcorcón tiene 1.744 facturas del primer trimestre pendientes, de las cuales 1.520 están pendientes de tramitación.

En total, tiene pendientes de pagar 4.304.000 euros a sus proveedores, lo que supone que el periodo medio de pago de la deuda comercial es de 137,75 días, quintuplicando casi los 30 días a que obliga la Ley. La causa no es otra que la incapacidad del Gobierno radical, ya que la Tesorería Municipal cuenta con 4,3 millones de euros.

El Gobierno de Natalia de Andrés
debe 4,3 millones de euros a
proveedores y tarda 137 días en pagar

Vuelve así Natalia de Andrés a las prácticas irregulares que marcaron su anterior etapa en el Gobierno Municipal. Siendo teniente de alcalde con Enrique Cascallana (2007-2011) la actual regidora fue, junto a sus compañeros del PSOE, responsable de una deuda de 612 millones que dejó la ciudad arruinada. La irresponsabilidad de la alcaldesa socialista la llevó a superar los 900 días de periodo medio de pago, siendo la responsable de que un buen número de empresas y autónomos de nuestra ciudad se vieran abocados al cierre de sus negocios.

Hoy, al frente de un Gobierno socialcomunista, con la Hacienda municipal en manos de una concejala socialista sin preparación y sin experiencia; Natalia de Andrés vuelve a repetir los errores del pasado. Y lo hace precisamente en un momento de crisis sanitaria, social y económica que hace más necesario que nunca que la Administración más cercana a los ciudadanos pague en tiempo y forma, cumpliendo la norma, a sus proveedores.

“En una situación de esta naturaleza”, asegura Ana Gómez”, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alcorcón; “cuando la recuperación económica implica liquidez, cuando no hay partidas para ayudar a las empresas, qué menos se puede esperar de un Gobierno responsable que pagar en tiempo y forma a los proveedores. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alcorcón no lo hace, no paga en tiempo y forma, y cuando lo hace es con un retraso que casi quintuplica el periodo legal, dejando de inyectar liquidez en la economía“.