Natalia de Andrés ha convocado un Pleno extraordinario para aprobar la municipalización de varios servicios a la ciudad que hasta ahora viene realizando la Empresa pública de Servicios Municipales (Esmasa). Se trata de servicios tales como el mantenimiento de semáforos, la grúa municipal, el mantenimiento de fuentes ornamentales, o de la instalaciones eléctricas y térmicas de edificios municipales, entre otros.

Hasta ahora, este servicio se realiza mediante encomiendas anuales que el Ayuntamiento realiza a Esmasa. El objetivo de esta municipalización es que la empresa pública se haga cargo de ellos de manera permanente a partir de ahora, sin necesidad de realizar encomiendas cada año.

Para hacer efectiva la municipalización la Ley exige elaborar un expediente con diversos informes técnicos para su posterior aprobación en el Pleno Municipal. Entre estos informes destaca el de Asesoría Jurídica y el de la Intervención General del Ayuntamiento. Este último es especialmente relevante porque es el que garantiza que el proceso no resulta perjudicial, en términos económicos, para la ciudad.

Pues bien, el informe de la Intervención General pone de manifiesto que el Gobierno Municipal no ha presentado un estudio de mercado sobre el coste de cada uno de estos servicios. Se trata de una cuestión perfectamente lógica ya que pretende confirmar que los precios y tarifas que propone Esmasa están de acuerdo a las necesidades de calidad exigidas y se ajustan a los precios medios ofrecidos por las empresas especializadas que realizan trabajos similares en las ciudades de nuestro entorno.

El problema ha surgido cuando, cotejando la documentación proporcionada por el Gobierno Municipal, el Grupo Popular ha comprobado que tal estudio de mercado no existe y, por tanto, los concejales de la Corporación no pueden saber si la propuesta de Esmasa es beneficiosa para la ciudad o, por el contrario, va a suponer una nueva ocasión para incrementar los gastos de manera innecesaria con el consiguiente perjuicio para Alcorcón y sus vecinos.

Además, el expediente que analizará el Pleno ha de someterse después a información pública por 30 días para que vecinos y entidades hagan sus observaciones. Supone un déficit democrático grave no aportar toda la información y hurtar de ese modo a toda la población la capacidad de opinar o hacer aportaciones.

Desconocemos las razones por las que dicho informe no ha sido incluido. No sabemos si es por desidia, por incompetencia o, lo que sería sumamente grave; porque es intención del Gobierno Municipal esconder unos gastos desorbitados, fuera de mercado, que aboquen a la ciudad a una nueva ruina económica como la que los Gobiernos de izquierdas ya causaron en su día. Baste recordar, la ruina del creaa, las indemnizaciones del Esanche Sur, o lo gastos suntuarios del alcalde socialista Enrique Cascallana.

En estas circunstancias, el Grupo Popular ha pedido informe al Secretario General del Pleno sobre si es posible realizar un Pleno de tanta importancia sin la información completa. Y, en cualquier caso, recurrirá la celebración de dicho Pleno mientras que no esté disponible, y con tiempo suficiente para ser analizada, toda la información que exige un expediente de estas características.

Alcorcón, 28 de junio de 2020.