Esta mañana se celebra un sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones Especiales de Cuentas y de Régimen Interior. En ella, y después de más de un mes de apagón informativo por parte del Ejecutivo de Natalia de Andrés, la oposición ha podido tener acceso a la modificación presupuestaria derivadas de las medidas decididas por el Gobierno municipal en la lucha contra el COVID-19 y de los expedientes de los gastos asociados a dichas medidas.

El análisis de la documentación constata que el Gobierno de Natalia de Andrés ha convertido el plan de medidas contra el COVID-19 se ha convertido en un cajón de sastre en el que mezcla gastos necesarios con otros que nada tienen que ver con esta cuestión.

Las medidas contra el
coronavirus no contemplan
la salida de la crisis

Así, junto al gasto asociado al apoyo a los más necesitados (teleasistencia, emergencia social, ayuda a domicilio) el equipo de Gobierno ha colado programa operativos de la Policía Local, como por ejemplo la gestión de multas. Difícilmente puede decir nadie que sea prioritaria la gestión de las multas en la lucha contra la pandemia.

Por otro lado, este documento corrige al que presentaron el 29 de marzo en el que se hablaba de 800.000 euros. Es decir, en quince días han hecho una modificación que no contiene nuevos elementos de situación y en consecuencia hay que ponerlo encima de la mesa y en valor.

La causa hay que encontrarla en que, por ineficacia e incapacidad, este Gobierno municipal no ha presentado ni presupuestos, ni siquiera proyecto de presupuestos, para 2020. Por tanto, tiene pendiente concretar el gasto de proyectos que considera necesarios y ha aprovechado para ello una coyuntura tan dolorosa como la lucha contra esta pandemia.

Por otro lado, el plan no contiene ningún elemento para la salida de la crisis. Se olvidan de los autónomos, se olvidan de las pymes, se olvidan de las familias, se olvidan del trabajo necesario que hay que realizar para llevar al tejido comercial, industrial, empresarial de nuestra ciudad. Un trabajo imprescindible para poder generar empleo en una circunstancias en las que, entre ERTEs y despidos se pone en tela de juicio el modelo económico y social en el que estábamos viviendo.

Y de igual modo, se constata una falta absoluta de esfuerzo para reclamar las medidas que debe llevar a cabo el Gobierno de la nación. No puede ser que el Ejecutivo de Sánchez mire a otro lado ante la existencia de superávits presupuestarios que podrían permitir atajar el problema de la salida de la crisis y esté ajeno a la solución de la problemática.

A ello hay que unir el apagón informativo total que ha mantenido en las últimas semanas. Con una falta absoluta de transparencia, el Gobierno no ha informado sobre qué ha estado haciendo, no ha colgado información alguna en la nube que comparten, no ha publicado ningún tipo de contratación ni de licitación, y, hasta la convocatoria de esta Comisión, no se conocía la ejecución presupuestaria hasta el 31 de marzo. En estas condiciones ha sido imposible para los concejales de la oposición realizar su trabajo de control e impulso del Gobierno local.

“No es de recibo”, asegura Ana Gómez, portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Alcorcón, “que la prioridad sea comprar portátiles, teléfonos móviles, programas para distintas unidades de la administración local. Entendemos que es positivo que se trabaje en comprar elementos para limpieza o desinfección. Y, por supuesto, que se dediquen recursos al apoyo a los más necesitados”.