∎ El fiscal solicita cinco años de inhabilitación para la portavoz socialista

 La vista para dilucidar la presunta responsabilidad de la portavoz del PSOE de Alcorcón y miembro del Comité Federal, Natalia de Andrés, en la ruina de EMGIASA que acabó en concurso de insolvencia y actualmente está en fase de liquidación, se verá el próximo día 3 de julio. En esta nueva visita al juzgado, la portavoz socialista se enfrenta a una petición de inhabilitación del Ministerio Fiscal de cinco años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona física o jurídica.

El fiscal estima que en la etapa en la que Natalia de Andrés fue presidenta de EMGIASA, el Consejo de Administración, del que la portavoz socialista formaba parte, aprobó las cuentas de 2009 y 2010 haciendo caso omiso de 115 sentencias del Tribunal Superior de Justicia desfavorables a los intereses de EMGIASA, ya que elevaban considerablemente los justiprecios de las expropiaciones de los terrenos del CREAA. Además, el Mismo Consejo de Administración aprobó repartir dividendos y beneficios por una cuantía superior a 35,4 millones de euros, a pesar de saber que tenían que hacer frente a los pagos de la construcción de CREAA, que superaba los 114 millones de euros. Para la Fiscalía, todos estos acuerdos adoptados agravaron la situación de insolvencia de la empresa, por lo que solicita 5 años de inhabilitación para la portavoz socialista.

El juez decidirá en la vista del día 3 de julio si la gestión de Natalia de Andrés en EMGIASA durante su etapa de responsable de urbanismo y presidenta de EMGIASA, que condujo a esta sociedad pública a la ruina, ha incurrido en responsabilidad, como sostienen tanto la administración concursal como el fiscal, y por tanto es culpable.

Para el Grupo Municipal del Partido Popular “la Sra. De Andrés debe dimitir porque su gestión fue un auténtico atentado contra el interés general de los vecinos y su situación procesal es mucho más avanzada que una mera imputación, ya que está citada a declarar después de confirmar el fiscal la petición de cinco años de inhabilitación”.