También ha pedido que se añada una declaración jurada de que nunca han sido sometidos a ninguna medida de seguridad

 El Grupo Municipal Popular ha propuesto hoy en el Pleno del Ayuntamiento que se publique en la web municipal, junto al perfil profesional de los concejales de la corporación y demás, cuestiones aprobadas en la moción número de registro 111/2016 del pleno celebrado el pasado 29 de febrero de este año, un certificado expedido del Ministerio de Justicia en el que consten los antecedentes penales de la persona que ostenta el cargo electo.

Del mismo modo, los populares han pedido también que se adjunte una declaración jurada de la persona que ostenta el cargo electo de no ha sido sometido a ninguna medida de seguridad. La propuesta ha obtenido la negativa de todos los grupos políticos de la oposición.

Así, la edil explicó que estas exigencias son muy similares a las que habitualmente se exigen a los ciudadanos para el acceso a muchos puestos que se desempeñan en la función pública y es entre otros este motivo el que refuerza la posición del Gobierno municipal del Partido Popular para ahondar, más si cabe, en la transparencia y el buen hacer de los representantes públicos del Ayuntamiento de Alcorcón.“Los representantes municipales elegidos libremente por los ciudadanos tenemos que ser ejemplo de transparencia y buen gobierno, los ciudadanos nos dan su confianza para gestionar los temas que nos incumben a todos los vecinos para una buena coordinación y gestión de los recursos. En democracia, todos los grupos políticos tienen que dar ejemplo de honradez y transparencia y deben ser impolutos en todas las gestiones con los ciudadanos”, manifestó la portavoz del grupo municipal popular.

Por último, los populares destacaron que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa. Además, reconoce y garantiza el acceso a la información por parte de los ciudadanos y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.