El Gobierno del PP revisará la legalidad del “blindaje” de trabajadores de Esmasa por el PSOE, días antes de perder las elecciones.

 

  • Uno de los beneficiarios de esta medida, que establece indemnizaciones de 100 días por año trabajado y que es considerada irregular por diversas fuentes jurídicas consultadas, es el actual portavoz del Grupo municipal Ganar, afín a Podemos, Jesús Santos

 

 

Lunes, 29 de febrero de 2016.- El Gobierno municipal de Alcorcón, del Partido Popular, va a iniciar una revisión legal del procedimiento de “blindaje” de trabajadores de la empresa pública Esmasa, que apenas 20 días antes de las elecciones de 2011 recibieron el “regalo” del PSOE de incorporar en sus contratos una cláusula que establece una indemnización de hasta 100 días por año trabajado en caso de despido.

 

Este blindaje, uno de cuyos beneficiarios es el actual portavoz del Grupo Municipal Ganar (formación de izquierda radical afín a Podemos), Jesús Santos, es de dudosa legalidad, según diversos juristas consultados por el PP.

 

La historia arranca apenas 20 días antes de las elecciones municipales del año 2011, en las que se esperaba la clamorosa derrota, que luego se confirmó, del PSOE. Efectivamente, el entonces alcalde socialista Enrique Cascallana, no contento con dilapidar 100 millones de euros en el circo del CREAA, tiró de la misma cifra y “blindó”, sin encomendarse a nadie y a cargo de los impuestos que pagan religiosamente los vecinos de Alcorcón, con hasta 100 días de indemnización por año trabajado a trabajadores de la empresa pública Esmasa, encargada de la limpieza viaria y la recogida de basura.

El documento forma parte del acuerdo de la Junta General de Accionistas del 28 de febrero de 2011 y está ratificado a su vez el 3 de mayo por el comité de empresa. En ese momento, mayo de 2011, el máximo legal de indemnización era de 45 días por año.

 

 

Pero Esmasa no es una empresa privada, donde cada trabajador puede pactar libremente unas condiciones, sino que esas indemnizaciones –muy por encima del máximo legal de entonces y de ahora– salen de fondos públicos y hay que «justificar los motivos con mucha precisión», según explicaron expertos en Derecho Laboral a diversos medios de comunicación durante la huelga política de recogida de basuras del pasado mandato.

Entre las irregularidades detectadas, destacan que ese “blindaje” no se negoció en una mesa general con los representantes sindicales, dado que el motivo de la mejora pudiera haber sido aplicado a otros trabajadores.

Además, según otras fuentes jurídicas, las cláusulas de blindaje en la Administración pública son consideradas nulas, dado que mediante esta técnica le provocan a la Administración un perjuicio no justificado si ésta, en el ejercicio de sus potestades empresariales, decide aplicar una de las técnicas de extinción contractual por causas objetivas, bien individual o colectiva, siendo así más gravoso para las arcas municipales, algo que de no justificarse puede crear perjuicios patrimoniales a la Administración.

Cabe señalar que sobre el ex alcalde del PSOE Enrique Cascallana pesa un auto de la Fiscalía solicitando su inhabilitación por su “modélica” gestión en la otra empresa pública que tenía el Ayuntamiento de Alcorcón en el mandato de 2007 a 2011, Emgiasa, solicitud que el fiscal hace extensiva a la actual portavoz socialista, Natalia de Andrés.

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