La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Alcorcón, Ana González, anuncia que promoverán acciones para que el Pleno lleve el asunto a los Tribunales

Sábado, 1 de agosto de 2015.- “El demoledor informe del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, declarando ilegal el proceso de funcionarización montado por el PSOE sólo dos meses antes de las elecciones municipales de 2011, debe tener consecuencias políticas inmediatas, y penales si se demuestra que tal despropósito ha provocado perjuicios a los vecinos de Alcorcón. Por eso, vamos a pedir la dimisión del actual concejal socialista Daniel Rubio, y al Pleno que promueva las acciones judiciales precisas para depurar responsabilidades», manifestó la portavoz del Grupo Municipal del PP, Ana González.
La petición de dimisión de Daniel Rubio se debe a que el actual edil del PSOE era director general de Administración del gobierno socialista en el momento en el que se montó y organizó el disparate administrativa y jurídica que convirtió en funcionarios, de forma ilegal, a 504 trabajadores del Ayuntamiento de Alcorcón. El escandaloso montaje se ejecutó apenas dos meses antes de las elecciones municipales de 2011, siendo alcalde Enrique Cascallana y primera teniente de alcalde la actual portavoz socialista, Natalia de Andrés. En el proceso fueron funcionarizados de forma ilegal destacados sindicalistas del Ayuntamiento de Alcorcón y muchos de sus familiares directos.
El segundo paso lo dará el PP de Alcorcón en el Pleno municipal. Allí, el Grupo Popular promoverá una serie de mociones para llevar el asunto a los Tribunales, «adoptando las medidas precisas para que se investigue a todos los responsables de este escándalo, entre ellos el ex alcalde Enrique Cascallana, su ex mano derecha Natalia de Andrés, y todos los miembros de la Junta de Gobierno que apoyó esta ilegalidad, y que se depuren todas las responsabilidades de semejante atropello a los derechos de los ciudadanos», explicó la portavoz del PP.
«Estamos seguros de que tanto Ganar Alcorcón como Ciudadanos van a estar tan interesados como nosotros en que se actúe contra unos responsables políticos que se saltaron la ley, que beneficiaron injustamente a una serie determinada de personas perjudicando a miles que podrían haber optado a esas plazas, y que se saltaron sin miramientos conceptos clave como la igualdad de oportunidades, los derechos laborales y las propias normas éticas y legales de la Función Pública», concluyó la concejal Ana González.
El informe del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid que declara “nulo de pleno derecho” y, por tanto, ilegal, dicho proceso, fue aprobado por unanimidad de todos sus miembros y es vinculante, es decir, de obligado cumplimiento.

Entre las ilegalidades detectadas destacan que en la funcionarización de 2011, el entonces Gobierno de Enrique Cascallana y Natalia de Andrés no respetó los principios de mérito y capacidad exigidos por el artículo 103.3 de la Constitución Española para el acceso a la función pública, hizo funcionario a personal laboral que no tenía condición de personal laboral fijo y que no desempeñaban funciones para optar a esa condición, e incluso que se benefició a personal que no podía entrar en esa medida pues fue contratado con posterioridad a la entrada en vigor de los plazos marcados por el propio proceso.