El temor a los resultados de la revisión legal aprobada hoy en Junta de Gobierno por el Ayuntamiento de Alcorcón, ha provocado una tan airada como desproporcionada reacción de los concejales del PSOE, muchos de los cuales estaban en el Gobierno de Enrique Cascallana. Es el caso de la actual portavoz socialista, Natalia de Andrés, que ocupó, entre otros cargos, la Segunda Tenencia de Alcaldía en los últimos cuatro años, periodo que será analizado con detalle por el estudio sobre las actuaciones en materia urbanística y laboral.

Natalia de Andrés, condenada por injurias contra miembros del Partido Popular, ha acudido a ese refrán de que “la mejor defensa es un buen ataque”, y ha creído que con sus ya habituales mentiras y manipulaciones va a restar credibilidad a un estudio que detallará cualquier tipo de irregularidad que se haya cometido en los últimos 8 años en el Ayuntamiento de Alcorcón.

La portavoz del PSOE asegura en su nota, por ejemplo, que lo que pretende esta revisión legal es “manchar la imagen del anterior equipo de Gobierno”, pero olvida recordar que fueron ella y su alcalde, Enrique Cascallana, los que dejaron una deuda de 253 millones de euros, en los que se encuentran, por ejemplo, los 1,1 millones de euros que se deben a las Escuelas Infantiles y Casa de Niños, los 1,4 millones que se deben al Alcorcón, los 170.000 euros que no se han pagado a la empresa de desratización, y eso sólo por citar las últimas de las muchas cifras de impagos que han salido a la opinión pública desde la llegada del Partido Popular a la Alcaldía.

La concejala del PSOE condenada por injurias asegura también que lo que pretende esta revisión legal es “perjudicar la imagen de los trabajadores municipales”, a los cuales el PSOE ha dejado sin pagar la Seguridad Social (más de seis millones de euros) y con los que no ha cumplido innumerables compromisos laborales y de abonos de incentivos y productividades.

El primer teniente de alcalde, Óscar Romera, ha contestado que “nada más lejos de la realidad. La revisión legal es un instrumento de gestión municipal, que además es un compromiso electoral del alcalde, al que apoyaron de forma mayoritaria los vecinos de Alcorcón, que quieren saber en qué se han gastado su dinero los socialistas, cómo se han gestionado sus recursos o quiénes han sido los beneficiarios con contratos y adjudicaciones de dudosa legalidad en estos ocho años de desgobierno socialista”.

Natalia de Andrés acusa al equipo de Gobierno del PP de “despilfarrar” por encargar esta revisión legal, que lo único que pretende es poner en claro cómo ha sido su gestión. Para el primer teniente de alcalde, Óscar Romera, “quizá lo que teme De Andrés es que salgan a la luz los auténticos despilfarros y destrozos de dinero que ha protagonizado el PSOE. Porque si 70.800 euros en un informe que aclare la situación legal del urbanismo y laboral de este Ayuntamiento es un despilfarro, que la señora De Andrés explique públicamente a los vecinos de Alcorcón qué es entonces gastarse 180 millones de euros en el circo del CREAA, cuánto ganaban los 52 cargos de confianza que mantenían ella y su jefe Cascallana, por qué se destinaron 60.000 euros a rehabilitar un palacete en Uruguay cuando aquí ya había una deuda cercana a los 100 millones, eso sin entrar en los gastos en comilonas, caterings, viajes y regalos de difícil justificación que ha hecho este Ayuntamiento en los últimos ocho años”.