Alcorcón, 15 de septiembre de 2025 — La nueva etapa en la presidencia de la empresa pública ESMASA arranca bajo fuertes críticas por las medidas adoptadas, que limitan la transparencia, el control político y la participación de los miembros del Consejo de Administración.
En línea con las reiteradas denuncias del Partido Popular sobre la opaca gestión de la alcaldesa Candelaria Testa, ahora se suma la preocupación por la dirección de la empresa pública de limpieza. Desde la oposición se advierte de un “oscurantismo” en la gestión y de intentos de dinamitar las labores de fiscalización tanto de la oposición como de los consejeros independientes, algo que ya se había detectado anteriormente en la gestión de EMGIASA.
Consejos de Administración en pleno verano y censura en las actas
La celebración de Consejos Extraordinarios en pleno periodo estival —los días 31 de julio y 5 de agosto— también ha levantado sospechas sobre la urgencia y necesidad de las convocatorias. Uno de los acuerdos más polémicos adoptados en el último Consejo ha sido la eliminación de las intervenciones de los consejeros en las actas. Hasta ahora, aunque no se recogía la literalidad de las sesiones, sí constaban resúmenes y referencias a las grabaciones. Con la nueva medida, únicamente se reflejará el resultado de los acuerdos, sin dejar constancia de los argumentos, advertencias o votos razonados.
Desde el Ayuntamiento ya se habían intentado aplicar prácticas similares en las actas de las Comisiones Plenarias, lo que obligó —tras la denuncia del Partido Popular— a incluir la síntesis de las intervenciones y, como anexo, la grabación íntegra de la sesión.
En este caso, la medida supone un paso más: deja a los vecinos sin conocer la información a tratar —cuando son los primeros que deberían tener acceso a ella en órganos colegiados y empresas públicas que se financian con sus impuestos— y priva a la oposición de un derecho fundamental, como es contar con información real y con un histórico fiable de los debates celebrados.
“Esta es la mayor forma de censura institucional que hemos sufrido: se pretende borrar el debate político, técnico y la fiscalización para blindar decisiones sectarias y oscuras a las que la oposición no tenga acceso”,denuncia Roberto Marín Vergara, presidente y portavoz del PP de Alcorcón.
Pactos extraños y decisiones sin base legal
A esta polémica se añade la insólita propuesta de la presidenta de ESMASA de nombrar como vicepresidente primero a David López, excompañero de partido al que ella misma responsabilizó en su día de su expulsión del mismo. Una maniobra que, por su evidente contradicción personal y política, ha despertado todo tipo de interrogantes entre vecinos y oposición sobre qué hay realmente detrás de este pacto, qué les une ahora tras su reciente enfrentamiento y a qué intereses responde esta repentina alianza.
Este nombramiento carece de informe jurídico que avale su legalidad, algo que ya había sido cuestionado y denunciado en sesiones anteriores. En esta ocasión, ni siquiera estuvo presente el Letrado Asesor, incumpliendo el procedimiento habitual y dejando sin respuesta las objeciones planteadas por los consejeros González y López Barquero.
El nombramiento de Miguel Ángel González como vicepresidente segundo también ha generado controversia. En julio rechazó el cargo alegando falta de seguridad jurídica, pero ahora lo ha aceptado sin que exista un informe jurídico que respalde la decisión. Para el Partido Popular, todo responde a un mero “reparto de sillones” para blindar una gestión oscura y poco democrática bajo el mando de Candelaria Testa.
“Todo responde a un simple reparto de sillones para blindar una gestión oscura y sectaria. ESMASA debería ser ejemplo de transparencia, y se está convirtiendo en un laboratorio de pactos oscuros y censura política”, concluye Marín Vergara.
Una empresa pública sin control ni transparencia
ESMASA, que debería ser un referente en gestión pública, vuelve a estar en el punto de mira por nombramientos dudosos, decisiones improvisadas y falta de transparencia. La ausencia de informes jurídicos y el intento de silenciar a los consejeros refuerzan la percepción de una dirección opaca y autoritaria. Desde el PP se reclama la revisión de los acuerdos, la presencia obligatoria del asesor jurídico y la recuperación de actas completas, recordando que son garantías mínimas para una empresa pública que pertenece a todos los vecinos de Alcorcón.
ppalcorcon.com 